Néstor Kircher, 5/06/2003 en cadena nacional.
Hay quienes dicen que sin la apretada de la Corte no había jornadas por “Una justicia legítima”, es cierto. Otro dice que sin Ley de Medios no había democratización de la justicia, otro contesta que si la Corte jugaba claro a favor de la Ley de Medios no había democratización de la justicia. Otro agrega que sin 2008 no había Ley de Medios, también es cierto, otro dice que la reforma de la justicia empezó con la modificación de la Corte. Uno recuerda que la modificación de la Corte fue por una apretada que se mandaron a dos meses de asumido Kirchner, otro contesta que todo eso pasó porque el 25 de mayo de 2003 se instaló otro modelo de Estado en la Argentina. A qué modelo de Estado debe responder la justicia se discutió en las jornadas “Una justicia legítima”.
La discusión sobre la soberanía de los Estados se inició con los procesos nacionales y populares que se dieron en América Latina. Un Estado que resguarda y protege los intereses de una minoría poderosa o resguarda y protege los intereses de las mayorías frente al poder económico. O un Estado que hace negocios con los aportes previsionales o un Estado que garantiza el derecho a jubilarse. En las jornadas por “Una justicia legítima” se discutió de soberanía. Cómo es posible que nos sometamos a las leyes de otros Estados, preguntaron algunos de los oradores. Venimos de un Estado que cedió soberanía, pero nos encontramos en un momento histórico en el que desde el poder del Estado en el que más se concentra le elite social argentina, emergió un grupo de compañeros de manera organizada, para hacer oír sus voces, que de a una no se escuchaban, y organizaron una actividad en la Biblioteca Nacional que hizo Historia.
Las reformas planteadas para la democratización del poder judicial lejos de quedarse en los tecnicismos reglamentarios, proponen una modificación de la composición social del mismo. La composición patricia del poder judicial llevó a que “fue necesario destituir a los integrantes de la Corte Suprema (de 1946) porque los tribunales se negaban a aplicar las leyes laborales y a tomar juramento a los nuevos jueces del fuero laboral”, como señaló la Procuradora General de la Nación, Gils Carbó. Un ingreso por sorteo público, con concursos en los que lo académico no sea lo preponderante, porque como señaló Gils Carbó, un determinado sector social puede tener una maestría a los veintisiete años. Como señala Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, todo Estado tiene tres componentes: “todo Estado es una estructura material, institucional; es una estructura ideal, de concepciones y percepciones; y es una correlación de fuerzas”. El ingreso de los sectores populares al poder judicial es la posibilidad de que otras concepciones y percepciones del Estado habiten dentro de los tribunales, pero esta vez del lado de adentro del mostrador.
Lo que evidenciaron las jornadas, siguiendo a García Linera, es la correlación de fuerzas dentro del Estado. “En suma, los anuncios que ha realizado el Gobierno, en vez de acercar la Justicia a la ciudadanía, implican el riesgo de que se avance sobre el único poder que debe quedar al margen de las mayorías electorales” escribió Gil Lavedra en LA NACIÓN. ¿Qué va a querer acercar a quienes pide que se queden al margen? Se discute un modelo de sociedad, nos dice Zaffaroni, “Si lo tuviera que decir con mayor claridad, diría, que detrás de la construcción de la realidad de la criminología mediática está la propuesta de un estado modelo Reagan- Tatcher, enfrentado a un modelo Roosevelt. Se trata en definitiva de definir cómo el estado quiere modelar la sociedad: si quiere una sociedad inclusiva, que tienda a la incorporación progresiva de toda la población, que persiga una sociedad sin exclusiones, o que afirme que aquí se terminó la historia y es irremisible que un porcentaje de población quede excluido y se limite a controlarlo para que no moleste. Este último es el modelo de sociedad 30 y 70, propugnado por el giro mundial de los años ochenta y noventa del siglo pasado”.
El proceso que estamos viviendo en el poder judicial no es más que otro de los efectos de la confrontación de dos modelos de Estado. Hay un sector de la sociedad, los nunca marginados, los siempre poderosos, que resisten las mejoras de las mayorías. Son los que defendieron el capital financiero que destruyó nuestra matriz productiva, que para ello se sirvió de un genocidio y de los medios para que lo oculten. Con un poder judicial integrado por la elite social que se benefició de esa dictadura cívico-militar y que contribuyó a protegerla. Son los que en las masacres ven negocios. En el ´76 cobraron con Papel Prensa, en los noventa se hicieron hasta de “la plata de los jubilados”. Se trata de un Estado que promueva una economía que requiera del bienestar de las mayorías, el fortalecimiento de un mercado interno que agrande nuestras industrias o de un Estado que promueve economías que se benefician con la exclusión de las mayorías. Reconozco que cuando escuché a un juez pidiendo “una justicia nacional y popular”, me sacudió el discurso plastificado que tenía del poder judicial. “Nacional, porque tiene que defender el interés de la nación, lo establece la Constitución, y popular porque tiene que defender los intereses de las mayorías, como también establece la Constitución”. Un tiempo precioso el nuestro.
