"Hay una criminología mediática. El ser humano cotidiano, lo que vive es eso. No tenemos contacto con la realidad, salvo que alguien tenga alguna experiencia mística. La realidad es algo que se nos va formando a través de información que nos muestra pedazos, como si viésemos una película sin principio ni final. Partes sueltas. Imágenes a través de la caja idiota, no tenemos el contacto, pero claro, no tenemos el contexto, cortan el pedazo de película que se les canta". Raúl Zaffaroni
domingo, 9 de octubre de 2011
Seguirán golpeando
La contundente victoria de CFK en las Primarias clausuró el ámbito electoral, hasta el 2013, como espacio posible donde combatir y triunfar a quienes operan contra el kirchnerismo. Esto dotará de mayor intensidad los distintos golpes que intentarán propiciarle al gobierno. Sabemos de algunos espacios donde actuarán y los temas que elegirán para hacerlo: los medios y lo público. Operarán sobre temas de interés público, velando sus intereses. Se valdrán de acciones que ocurran donde pise un pobre, sean estas espontáneas o producto de sus tareas organizadas. No se trata de que el huracán Carrió haya llegado a esta orilla sino de leer las marcas que dejan los escribas de turno, de quienes operan con algunos recursos del cincuenta y cinco o el setenta y seis, reconociendo el cincuenta de agosto pasado que tanto los preocupa. Escriben, escribieron y escribirán sobre el peligro de “la eternidad”, del “totalitarismo”, “los riesgos de la democracia” (porque para ellos esta democracia es un riesgo), “el peligro de una mayoría parlamentaria”, “el gasto público”, sin dejar de repetir a los gritos “que quieren silenciar la libertad de expresión”.
Completo aquí: Seguirán golpeando
martes, 13 de septiembre de 2011
viernes, 2 de septiembre de 2011
Tragedia de Candela. Culpabilizan a la familia
viernes, 12 de agosto de 2011
Clarin y la corporación médica.
jueves, 11 de agosto de 2011
Scioli: Pusilanime
Pusilánimes
miércoles, 10 de agosto de 2011
Chile y la Criminología medíatica

Otra vez los estudiantes desafiaron a Piñera
Hubo multitudinarias marchas e incidentes
Por Carlos Vergara | LA NACION

Jueves, 31 de enero de 2008 | Hoy
Por Juan Gelman
Hay una verdadera parafernalia para lograrlo en EE.UU. y el remedio es sencillo: consiste en criminalizar y más, en patologizar a los jóvenes norteamericanos rebeldes, disconformes con el autoritarismo y que lo retan. Se los considera trastornados mentales y carne de tranquilizantes, anfetaminas y otras sustancias psicotrópicas. La Asociación Estadounidense de Psiquiatría bautizó el presunto padecer en 1980: porta el nombre de desorden de oposición desafiante (ODD, por sus siglas en inglés) y no se aplica a los delincuentes juveniles. Más bien a quienes no incurren en actividades ilegales, pero muestran “un comportamiento negativo, hostil y desafiante”. Los síntomas incluyen “desafiar o negarse activamente a cumplir las demandas y normas de los adultos” y “discutir a menudo con ellos”. Son definiciones oficiales de la Asociación (alternet.org, 28-1-08).
viernes, 5 de agosto de 2011
Quiénes atacan a Zaffaroni. Por qué hay que defenderlo.
Quiénes atacan a Zaffaroni. Por qué hay que defenderlo.
Para poder pensar lo que está sucediendo alrededor del nombre Zaffaroni, debemos preguntarnos por qué contra este hombre. Debemos interrogarnos y preguntar ¿Quiénes hablan? ¿Por qué hablan contra Zaffaroni? ¿Qué han dicho? ¿Cuándo empezaron a hablar? ¿Qué ha hecho Zaffaroni?
ANTES
"Hay algunos medios que tienen una campaña contra mí desde hace tiempo”, dijo el Dr. Zaffaroni, en declaraciones a radio Del Plata, el 13 de julio de 2003, antes de asumir como juez. El nombre de este penalista era conocido por quienes estaban interesados en la política, por ser un ser político, razón por la que unos lo admiraban y otros le temían. Le temen. La repetición incesante de ese apellido en los televisores, nos tiene que llevar a preguntarnos ¿Quiénes hablan en contra de Zaffaroni? ¿Qué dicen? ¿Con qué arman ese discurso? ¿Cómo lo arman? ¿Dónde lo hacen? ¿Cuándo salieron a escribir o hablar? ¿Por qué? ¿Para qué?
Los que le temen lo respetan. Por la misma razón: Zaffaroni sabe de qué se sirve el poder para funcionar y se ocupó de transmitir ese conocimiento. Escribió, encarnó, que “hoy hay bastante acuerdo acerca de que los discursos no deben interpretarse solo a la luz de lo que dicen, sino también –y a veces fundamentalmente- a la luz de lo que callan, o sea, en su función frente a la realidad, como develación y ocultamiento simultáneos.” Razón por la cual, considera que “los políticos cargan con una responsabilidad mundial y los penalistas no estamos exentos de una buena parte de ésta, porque tenemos el deber de usar el poder del discurso para denunciar las debilidades y traiciones inquisitoriales de los políticos, aunque sepamos que esto nos puede acarrear dificultades y, entre otras, la enemistad de las burocracias nacionales y a veces internacionales.”
En esto reside con él el conflicto, estuvo dispuesto a correr el riesgo de develar, de enfrentar al poder. Manifestó cuál era su interés en ser parte del Tribunal Supremo, ya que “La Corte encabeza el poder judicial y posibilita bajar una línea teórica a ese poder”. Esa línea teórica algunos la nombran jurisprudencia, lo que implica que un fallo de la Corte sirva de herramienta para otros, al constituirse como precedente. Claramente, una línea teórica distinta a la que se constituye como discurso de verdad al poder de turno. Los poderosos se sirven de quienes escriben, mientras sean funcionales a sus intereses, para sostenerse en las verdades que esos discursos construyen. Esto Zaffaroni lo viene escribiendo hace tiempo y ellos lo leen, porque el poder les interesa.
¿Quiénes se opusieron a la postulación de quien recibiera el premio “Estocolmo en Criminología 2009”, el más importante a nivel mundial? ¿Qué dijeron al oponerse? ¿Dónde?
“La postulación de Zaffaroni genera divisiones en la sociedad” (Editorial LA NACION 27/7/03) “el pensamiento del penalista es manifiestamente anticonstitucional" (Roberto Durrieu, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires) “sus sentencias "concluyen en un encuadramiento y razonamiento destinado siempre a mejorar la situación del delincuente"(Solicitada en LA NACION del Colegio de Abogados de la Ciudad) . “Zaffaroni dijo que no es marxista” (Titular LA NACION 5/7/03) ¿Por qué? ¿Qué piensa este Penalista para que le digan todo esto? “No hay un Estado de Derecho perfecto en que todos seamos iguales ante la ley. Eso no existe y no existió nunca. En la medida que el Estado de Derecho se fortalece, lo encapsula más al Estado de Policía, pero nunca lo suprime. Por eso hablar de un derecho penal garantista es absurdo.” (Zaffaroni. En Página/12. 3/7/03). Pero le siguen diciendo garantista, aún quienes lo apoyan.
Claramente las palabras del Juez se contraponen a lo que se escribe y se dice en los medios masivos de comunicación, entendiendo por masivo los que son recibidos por muchos. ¿Quiénes hablaron? Durrieu quien no sólo ha sido abogado de LA NACION, sino de dictadores ¿Dónde hablaron? En LA NACION que alberga a sus dueños. Nos debería interrogar el por qué harían estas cosas, ellos, que representan intereses muy claros: los de unos pocos que no quieren que el Estado intervenga en sus asuntos, lo que se traduce en FFAA (Fuerzas Federales Agrarias Armadas). Debemos contextualizar el momento en que todo esto sucedía, en el que asumía un nuevo gobierno, el de Kirchner, al que se acusaba de izquierda, por otorgarle al Estado otro lugar. Grondona, que es Mauricio, hizo lo mismo con Zaffaroni cuando fue propuesto por Kirchner a la Corte, titulando su columna de LA NACION: “En la Corte, un paso a la izquierda”. Allí manifestó su temor a que “el nuevo ministro represente la punta de lanza de una invasión”. La invasión de quienes consideran la política como la única herramienta que posibilitaría otorgar al Estado el lugar de interventor, que la política que representa Marianito había quitado.
Zaffaroni encarna la política, “Pensar que la Corte Suprema sea apolítica es un absurdo”, manifestó el Juez. Una razón más por la que se montó aquella campaña, que tuvo detrás a Guillermo Alchouron, diputado de Acción Republicana, y ex presidente de la Sociedad Rural Argentina. Este abogado, impugnó la candidatura de Zaffaroni, por no considerar el poder punitivo como la respuesta a la inseguridad. ¿Qué inseguridad preocupaba a Alchouron? La de los ruralistas, por eso este diputado presentó en el 2003 un proyecto para que los delitos cometidos en el ámbito rural no sean excarcelables. Si se hubiera aprobado, cuanto ruralista hubiera terminado preso allá por el 2008. Alchouron no sólo en este momento anda pidiendo la renuncia del primer Juez de la Corte que asumió luego de un concurso, “sin precedentes en la historia institucional argentina”, según LA NACION, sino que también fue el presidente de la Sociedad Rural Argentina, que ayer como hoy, se opone a “la intervención estatal”. Alchouron, fue presidente de la SRA en la rechifla que sufrió Raúl Alfonsín el 13/08/88 en la Rural, mientras les decía a los ruralistas que habían aplaudido a la dictadura. Con ese mismo chiflido hoy lo llaman a ladrar a Ricardito, que de Alfonsín solo tiene el traje.
DURANTE
A pesar de la resistencia de los sectores concentrados, Zaffaroni asumió como Juez de la Corte Suprema, manifestando que llegaba con el interés de fallar respecto a la nulidad de la Ley de Obediencia Debida y Punto Final y el corralito, entre otros temas. Se sabe que votó a favor de la inconstitucionalidad de la ley que posibilitaba a los genocidas no ser juzgados, pero quizá se conoce menos respecto a cuál fue la posición del Juez respecto al corralito y cuál fue la reacción de quienes se vieron perjudicados. Zaffaroni en octubre del 2004 acompañó el voto mayoritario a favor de la pesificación en “el caso Bustos”, considerando que se produjo un “estado de necesidad” que llevó a tomar esa medida, pero solicitó al Jefe de los Fiscales, Esteban Righi, que se realice una investigación para someter a un proceso penal a los banqueros y los funcionarios de De La Rúa. En fallo manifestó que “Si los perjuicios del estado de necesidad deben repartirse entre todos, justo es que la mayor carga la soporten quienes tienen mayor capacidad”. Evalúo que era probable que estos hayan tenido “mayor capacidad de información frente a las maniobras que ocultaban el proceso de deterioro”. Zaffaroni votó que los bancos no tenían derecho a reclamar a quienes, a partir de fallos judiciales, le habían devuelto dólares, además que los bancos “hagan entrega inmediata a sus titulares del importe necesario para adquirir los dólares estadounidenses en el mercado libre de cambios a la fecha de esta sentencia” hasta 70.000 dólares. La reacción la plasmó Mariano Grondona, en una columna titulada “Sólo queda el derecho a la pequeña propiedad”, donde manifestó “Al aplicar este criterio restrictivo sólo a los depositantes mayores de 70.000 dólares, el doctor Zaffaroni considera a su vez que aun en situaciones de emergencia el derecho de propiedad es inviolable, pero sólo cuando es pequeño. A los pequeños propietarios se los debe salvar a toda costa. El criterio distribucionista de Zaffaroni, ¿coincide con el del Gobierno? Así parecería, si se toma en cuenta que, en cada arbitraje que ha tenido que hacer, también el Gobierno demuestra albergar la idea de que lo pequeño es hermoso”. Pero Grondona, no es Clarín, él reconoce que tiene un problema político con el Juez: “La inclinación política de Zaffaroni como simpatizante de Kirchner durante la campaña electoral y sus antecedentes ideológicos como miembro del Frepaso, como juez "garantista" o de "línea blanda" frente al desafío creciente de la delincuencia, como crítico de las leyes de obediencia debida y punto final y como partidario de la extradición de militares argentinos a tribunales extranjeros suscitan, en cambio, fuertes reservas en sectores moderados de la opinión pública y en opositores como el doctor Ricardo López Murphy. Es en el campo político e ideológico, por lo visto, donde nace el debate”. A confesión de parte, relevo de pruebas.
Por esto publicaron “crece la presión”, cuando Zaffaroni manifestó que "si hay demoras artificiales, producidas por negligencia o dolo, eso es motivo de juicio político" para quienes demoren causas por delitos de lesa humanidad. Zaffaroni devela que no están a favor del cumplimiento de la ley, salvo cuando los beneficia. Les dijo respecto al Consejo de la Magistratura, que no ha “observado desde la reforma hasta hoy que se haya manipulado el Consejo para perseguir jueces ni para imponer la nominación de jueces” y esto va en contra de tanta tapa de diario. Es un férreo opositor al discurso de poder que los medios proponen. Zaffaroni atenta contra sus intereses. Por eso lo atacan.
Este Juez de la Corte, como bien dice LA NACION, “se inclina por la solución política” y se opone a la judicialización de la política, no cree en la independencia de los poderes, si no que reconoce el poder de cada uno y su relación.
Mientras la Sociedad Rural y quienes no se oponen a sus intereses, quieren un Estado que les obedezca, Zaffaroni nos advierte que los golpes de Estado en América Latina, desde el 2000 a la fecha, los da la policía. Consideró que con la creación del Ministerio de Seguridad de la Nación“Por fin en la Argentina estamos tratando de resolver una deuda que tenemos desde el regreso a la democracia. No habíamos redefinido nuestra policía”
Debemos defenderlo, defendernos, por su postura, frente a ellos. Porque nos advierte:
“La criminología mediática nos va inyectando una comunicación de entretenimientos que va configurando el marco de interpretación de esa realidad. Esa criminología nos baja de Estados Unidos, y es el desmantelamiento del estado social (que incorpora a los excluidos) para levantar el estado gendarme (cuya única función es mantenerlos en la exclusión por medio de la represión) . Raúl Zaffaroni
viernes, 15 de julio de 2011
La denuncia por el parador “La Boquita” llegó a la justicia | Tiempo Argentino

El parador “La Boquita” cerró sus puertas del turno diurno luego de la denuncia consignada el domingo en Tiempo Argentino. Un grupo de jóvenes afirmó que efectivos de la Policía Metropolitana los golpearon y exhibieron un arma de fuego en momentos en que querían ingresar al establecimiento, por una orden que habría dado desde adentro del lugar Andrea Bruzos Bouchet, coordinadora del programa Atención de la Niñez, Adolescencia en situación de Vulnerabilidad Social que depende de la Dirección General de Niñez y Adolescencia.
Santiago Gómez es uno de los diez operarios que tampoco pueden ingresar al hogar ubicado en Pedro de Mendoza y California. El psicólogo fue quien hizo la denuncia en la Cámara Criminal y Correccional de la Ciudad. El juzgado interviniente, por sorteo, es el Nº 6, que depende del juez Eduardo Fernández, y la fiscalía que investigará es la Nº 7. Cabe recordar que los hechos comenzaron el pasado jueves cuando, según denunciaron los testigos, Bruzos Bouchet se presentó en el lugar, amenazó con cerrarlo y le tomó los datos a todos los chicos. Esa información sería utilizada por efectivos de la Metropolitana esa misma noche para interrogarlos. Horas más tarde, se produjo la golpiza que habría terminado con un menor herido y algunas mujeres, también menores, golpeadas. Los jóvenes denunciaron, además, que pueden reconocer a efectivos de la policía de la ciudad porque participaron en la disuelta UCEP. Vanesa Siley, representante del ministerio público de defensa del Poder Judicial de la Ciudad, afirmó que este es un caso de “represión sobre la carencia de la población más vulnerable”, pero destacó que por las características de los hechos se necesita la declaración de los jóvenes para poder iniciar la investigación. <
jueves, 30 de junio de 2011
Plan de Seguridad Unidad Cinturón Sur.
Ante el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, los responsables de las tres fuerzas de seguridad federales (policía federal, prefectura nacional, gendarmería) e intendentes del conurbano bonaerense, la presidenta de la nación presentó el Plan de Seguridad Unidad Cinturón Sur (PUCS), junto con otros anuncios en materia de seguridad, que competen al territorio porteño, como el cierre de los servicios psiquiátricopenitenciarios en los Hospitales Borda y Moyano, el cierre y traslado de la cárcel de Devoto y la adquisición de importantes herramientas tecnológicas para prevenir el delito.
Frente a un salón colmado, de la casa de gobierno, CFK anunció que en una “combinación entre seguridad y respeto a los derechos humanos” se realizará el traslado de los servicios del sistema penitenciario en hospitales psiquiátricos de la C.A.B.A, a la localidad de Ezeiza, como paso intermedio a la construcción de casas de medio camino que garanticen el cumplimiento de las exigencias que la Ley de Salud Mental establece. En la misma dirección, el respeto por los DDHH, la mandataria informó el cierre y traslado de la cárcel de Devoto a la localidad de Mercedes, donde se construirá un edificio con “celdas absolutamente individuales, terminando con la ignominia y lo terrible que eran los famosos pabellones comunes de los presos”. Continuando con la adecuada combinación, Cristina Fernández presentó los recursos tecnológicos de avanzada, que adquirió el Estado, los cuales se instalarán en las 35 cárceles argentinas, con el objetivo de evitar las vejatorias requisas a las que se someten a los familiares de los detenidos y el ingreso de elementos que posibiliten situaciones de violencia, tanto para quienes se encuentran bajo el techo de las cárceles, como para quienes se encuentran fuera de ellas. Sin embargo no puede considerarse que la tecnología o el gobierno nacional tengan el poder suficiente para garantizar el cumplimiento efectivo de las normas dentro del Sistema Penitenciario Federal. Las fuerzas de seguridad anteceden a la actual gestión. Toda fuerza política que haya ocupado un sillón en la Casa Rosada, desde la vuelta de la democracia hasta la fecha, sabe muy bien de los riesgos y los costos que conllevan confrontar a los uniformados. El fortalecimiento del poder del Estado, posibilitó que esta sea la primera vez.
Confrontación contra la corporación policial. Políticas de seguridad
La presidenta afirmó que llevar adelante estas acciones sólo es posible por los pasos dados anteriormente, anticipando que seguirán avanzando, con más intensidad, “en la medida en que se pueda seguir mejorando la actividad económica, porque estas cosas no se compran con discursos ni papeles, sino con contante y sonante que hay que juntarlo, administrarlo y saber aplicar bien”, en un claro mensaje a la gestión porteña, como a la bonaerense, a la que nos referiremos más adelante. Mejorar la seguridad implica tomar decisiones políticas, afectando intereses económicos, que permitan una sociedad más justa, donde los derechos humanos y la participación ciudadana, como mecanismo de acumulación de fuerza, sean un eje fundamental y no un obstáculo, como consideran los Ejecutivos de las Buenos Aires.
La mandataria realizó su discurso luego de la proyección de un corto donde se expuso el PUCS y su objetivo de aumentar la cantidad de efectivos en la calle, a partir de la incorporación de 2500 efectivos de la prefectura y la gendarmería - con funciones de policía de seguridad, prevención e investigación de los delitos- en la zona sur de la ciudad, distribuyendo 1000, de los 1300 policías federales del sur, al resto de los barrios porteños. Los otros 300 PF seguirán cumpliendo tareas administrativas en las Unidades de Seguridad Pública (USP), las cuales ocuparán el lugar que hasta el 4 de julio tienen las comisarías, dando lugar a más actores civiles, buscando promover un accionar más democrático de la fuerza.
Esta decisión de la presidenta, que parece vestida de “una respuesta integral, de la que participen todos los actores”, como solicitan los medios, la oposición y cierto sector del progresismo, lejos de obedecer a objetivos técnicos, muestra la decisión de un gobierno de confrontar, nuevamente, con una corporación, esta vez, la policía federal; ya que es un obstáculo que resiste ante el intento de alcanzar una sociedad más justa y segura. Este gobierno ha demostrado que las mejores armas para combatir la inseguridad han sido, y son, la educación y el trabajo, ampliando el acceso a derechos básicos, ofreciendo oportunidades a quienes nunca las tuvieron y recurriendo a respuestas asistenciales como última opción. La baja en los índices del delito así lo demuestra. Esto no quiere decir que sea suficiente para acabar con todos los hechos delictivos. Hay una serie de delitos que encuentran el camino allanado, gracias a un criminalización mediática que se ofrece como teoría ideológica a una sumatoria de actores que no están ni interesados ni dispuestos en confrontar con la corporación policial, ni con los intereses a los que responden.
El PUCS es un paso vital del Ejecutivo. Y digo vital porque implica riesgos que se llaman muertos, ya que es el modo, que en general, tienen las fuerzas de seguridad de responder cuando algo afecta sus intereses o no les gusta. El PUCS es una clara política de Estado, pero no implica que sea el paso de LLEGADA al objetivo propuesto, más bien diría el de partida, con una lógica de funcionamiento distinta. No se trata tanto de llegar, como de acercarse al objetivo: una mayor participación ciudadana, que posibilite debilitar a la corporación de la policía federal, promoviendo un accionar policial sin excesos y con respeto por la constitución nacional y los derechos humanos.
“El que prometa que va a erradicar definitivamente la inseguridad, el delito, está mintiendo. Hay cosas que no se puede garantizar ni con palabras, ni con leyes; se garantizan con políticas”, afirmó CFK en el acto. Buscando garantizar con políticas los objetivos en materia de seguridad, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad, a cargo de Nilda Garré, implementó, desde abril, el Plan Nacional de Participación Comunitaria en Seguridad, paso previo al PUCS, realizando encuentros en las Comunas de la C.A.B.A, donde se promueve la participación comunitaria en seguridad, contando con Garré como una de sus principales militantes territoriales. “El derecho a la seguridad: un deber del Estado, obra de todos”, es el mensaje del Estado Nacional. La participación popular es la fuerza indispensable para poder lograr seguir avanzando sobre las nuevas resistencias que aparecen en el camino y evitar cualquier tipo de retroceso. De eso se trata “gobernar y no administrar” como dijo la presidenta, cuando era senadora, allá por el 2000. “Gobernar es meter al pueblo adentro”, anticipó. Creer, como hacen algunos, que en estos ocho años el Estado no se ha ocupado de la seguridad, es ignorar la política y la complejidad que la problemática conlleva. En estos ocho años el Estado Nacional ha metido a muchos adentro. Aunque todavía falten otros tantos.
Zaffaroni, el Indoamericano y Ecuador.
Hay tres hechos que me resultan indispensables para intentar acercarnos a una comprensión de lo que está sucediendo: 1) el intento de golpe de Estado a Ecuador 2) El trágico episodio del Parque Indoamericano, 3) las palabras en todos los medios de comunicación, del respetado juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Dr. Eugenio Zaffaroni.
Comenzaré por este último punto, ya que me parece facilitará la articulación que busco. Refiriéndose a lo sucedido en Ecuador, al que siempre se refirió como intento de golpe de estdo, en una entrevista concedida a Página/12, el respetado juez expresó: “Esta tentativa de golpe de Estado refleja un problema general de América latina. No nos hemos ocupado de hacer un modelo policial democrático. Es el poder que da golpes en este momento. No son tradicionales, pero pueden desestabilizar”. “Hoy los golpes tienden a darlos las policías”, “El último empujón a (Fernando) De la Rúa se lo dio la policía; el empujón a (Eduardo) Duhalde se lo dio la policía, y el caso de Ecuador fue más manifiesto”.
El conflicto del Parque Indoamericano evidenció que el Ejecutivo Nacional no tiene un poder absoluto sobre la Policía Federal, como mienten algunos, y que ésta, por acción u omisión, tuvo responsabilidad en lo sucedido, aunque será la justicia quien determine el grado y las consecuencias de ello. El trágico episodio nos permite intuir que se intentó frenar con dos muertos, el proceso que el gobierno nacional intenta llevara adelante, siguiendo las necesidades de las mayorías. Muertos que se suman a la lista de los “seres-siendo que no pudieron seguir siendo, porque lo impidió violentamente alguien (o muchos), como plantea Zaffaroni en su imprescindible libro “La palabra de los muertos”. Los de siempre y sus representantes, con sus mismos mecanismos, el ejercicio de la violencia, esta vez de los uniformados, con el objetivo de no perder los lugares de poder que ocupan. Se intentó frenar la mejora de la calidad de vida de la mayoría a los golpes, pero las lecciones aprendidas, posibilitaron el plan que el Cristina Fernández presentó.
Quien conozca aquellos espacios que no se caracterizan por la circulación de su población, sino por la permanencia en el territorio, sabe que las fuerzas policiales pocas veces desconocen las acciones delictivas que en su jurisdicción se planean. Porque el Indoamericano no fue espontáneo. La PFA, como todo aquel que cumpla función de policía, tiene el poder de sancionar a aquellos que han cruzado la línea prohibida, así como también el de hacerse el distraído, pero la respuesta violenta a esa transgresión debe ser la última respuesta y no la primera. Promover la participación comunitaria, como un mecanismo de persuadir a los agentes de realizar acciones u omisiones que favorezcan el delito.
Con Filmus o Scioli.
La decisión de la presidenta de unir tres fuerzas, e invitar a sentarse a la mesa a los poderes ejecutivos bonaerenses y porteños, muestra que esto no se trata sólo de confrontar con el poder de la corporación policial, sino también sumar un aliado para confrontar, también, con el tercero. Claramente ni Scioli ni Macri han pensado seriamente en debilitar el poder policial, sino, por el contrario, en fortalecerlo. Esto trae a cuenta que, independientemente del resultado de la elección porteña, el gobierno nacional avanzará en un nuevo modelo de seguridad, intentando encontrar en Scioli un aliado contra el macrismo, ya que es el gobernador bonaerense es el otro blanco al que apunta los dardos de la responsabilidad de la inseguridad porteña. En cambio, si gana Filmus, éste será un aliado en la defensa de los derechos humanos, contra las políticas de endurecimiento del poder punitivo y la criminalización de la pobreza, a la que la gestión de la provincia nos tiene acostumbrados. Mientras en los trenes a Moreno, encontramos arandelas naranjas, con forma de chapa policial, que dicen “Si ves algo llamá. 911. Buenos Aires la provincia”, dirigiéndose solamente a los pasajeros, la presidenta de la nación, delante del gobernador, convocó a los efectivos de seguridad a no temer “en denunciar lo que tengan que denunciar”.
Queda claro que la política de seguridad del kirchnerismo es profundizar. La de Macri y Scioli, detención y retroceso. La participación y la conducción determinarán quién gana.